Con la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente respaldó los cambios propuestos por el Gobierno a la Ley de Montes, que incluye la prohibición de cambiar el uso de un suelo tras un incendio ferestal hasta que no hayan transcurrido al menos 30 años.
El nuevo texto insiste en la gestión sostenible que integre los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, que permitan conservar el medio natural y facilitar el desarrollo de la población rural.
Incluye la creación de una Fiscalía Especial de Medio Ambiente que centrará sus actuaciones en la persecución de los delitos ecológicos y contra la ordenación del territorio.
Los consejeros de las CCAA. gobernadas por el PP rechazacon los cambios propuestos y destacaron que la Ley salió de la anterior legislatura con un amplio consenso y que, por tanto, debería contar con un apoyo similar.